A ritmo de fábrica

Ocho menos cuarto de la mañana. Estación de tren de Vallecas. Aún de noche, el frío despierta a los más rezagados, que siguen con un pie en la cama. El autobús de la empresa llega con retraso, la gente se impacienta. Hay personas que deciden ir a pie. A los pocos minutos aparece "el postal". Como si se tratase de una comunidad de hormigas, la gente sube de forma muy ordenada al autobús. Tras atravesar el polígono industrial, el autobús llegará al centro de Tratamiento Automatizado de Correos.

Después de acreditarse como nuevo trabajador en secretaria, los nuevos contratados acuden a la zona de trabajo. Una planta de más de mil metros cuadrados, alberga máquinas enormes donde se clasifican las cartas. El ruido que originan las grúas que transportan los palés será la melodía que les acompañe hasta que terminen la jornada.

El contrato, de un mes. La categoría, agente de clasificación. Las herramientas, una navaja y unos guantes, acompañando a un folleto sobre prevención de riesgos laborales. "No podeis perder la navaja, debeis devolverla al finalizar el contrato" advierte el jefe del centro. El uniforme corre a cuenta de cada uno.

Se plantea la primera incógnita del día para los nuevos empleados. ¿Para qué es necesaria la navaja si un agente de clasificación simplemente clasifica las cartas? Será resuelta en menos de un minuto.

Destinados en la sección de "apertura" del IPC (International Postal Corporation), el trabajo consiste en descargar sacas que se encuentran colocadas en una jaula, romper los flejes que las mantienen precintadas y volcar todo su contenido en un carro sitúado al lado de la mesa en la que trabajan. Una tortura para alguien que ha sido cartero toda su vida. La incógnita se ha despejado, pero no será la única decepción que sufrirán durante su estancia en la empresa. El ochenta por ciento de los empleados que trabajan en este área son mujeres, una tendencia que se repite en el resto de secciones. Sin embargo, la balanza se inclina a favor del género masculino en el caso de los puestos de jefatura.





Diez y media de la mañana. Al más puro estilo de una planta industrial, la megafonía anuncia que "comienza el primer turno de descanso". Media hora para desayunar, pero sobre todo para poder estar sentado y descansar las piernas. Nunca media hora había transcurrido tan rápido. Se apagan las luces de la sala de descanso. Vuelve a sonar a la megafonía "Comienza el segundo turno de descanso". El ruido de las máquinas vuelve a martirizar a los empleados que regresan del desayuno.

Quedan cuatro horas para que termine el día. Cuatro horas para seguir levantando sacos con un peso de entre diez a treinta kilos, abrirlos y vaciarlos. Las conversaciones con el compañero de turno amenizan la mañana. La espalda se resiente, los músculos comienzan a agarrotarse. No pueden levantarse sacos que estén a más de cinco alturas para proteger la espalda de los trabajadores, pero al parecer, durante la Campaña de Navidad ( vídeo en rtve ) se pueden hacer excepciones.

Algunos de los empleados de la planta llevan puesta una faja de protección lumbar. Todos realizan el mismo trabajo, sin embargo, no hay fajas suficientes para todos. Los trabajadores eventuales son los más perjudicados. Tras pedir ayuda a los sindicatos, estos se ponen en contacto con Recursos Humanos. Después de unos días de espera, la respuesta no es muy alentadora. "La dirección va a pedir fajas a Chamartín porque en el centro no hay, no saben cuando podrán llegar" explica el representante sindical. La espalda seguirá sufriendo lo que queda de contrato. Interesa producir y superar los beneficios del año anterior, pero la prevención de riesgos laborales es una asignatura pendiente en la compañía.


Sobre las doce y media termina el trabajo en apertura. El encargado encomienda una nueva tarea. Deben clasificarse los paquetes internacionales por provincias. En un radio de seis metros cuadrados, la nueva tarea sirve para desentumecer las piernas, los trabajadores pueden andar al menos unos metros. Pero el cambio durará poco. Es la una menos cuarto y el último trailer procedente de Gran Bretaña acaba de llegar. Vuelta a la sección de "apertura". Quedan dos horas de trabajo y el cansancio comienza a notarse. Sobre la una y media, diez minutos de descanso alientan el ánimo de la plantilla. La sala de descanso no dispone de sillas, por lo que la mayoría de los empleados se dirigen a los baños, para poder descansar las piernas en los bancos del vestuario.
Una hora y la jornada habrá terminado. De repente, dos máquinas que se encargan de transportar palés chocan. Afortunadamente es un choque sin importancia y nada ha ocurrido. Existen zonas habilitadas para que este tipo de vehículos circule, sin embargo, los trabajadores deben atravesarlas numerosas veces al día para ir de unas zonas de trabajo a otras, para almacenar carros o coger los que estén vacíos. El riesgo de accidente es relativamente común, pero de nuevo, sólo unos cuantos empleados disponen de botas con puntas de acero como protección.

Tres menos diez de la tarde. Por fin la jornada ha terminado. Ya sólo quedan veinte días de trabajo. El sueldo probablemente irá destinado íntegramente al bolsillo del fisioterapeuta.



Las universidades públicas madrileñas atraviesan una situación económica dramática


La universidad pública madrileña está en crisis. Los rectores de las seis universidades públicas de la comunidad se reunieron el día cuatro de diciembre para expresar su rechazo al recorte de presupuestos dedicados a la enseñanza universitaria para el año que viene.

La Confederación de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) prevé en su manifiesto un recorte del ochenta por ciento en los presupuestos regionales para el próximo año. Según el texto, las universidades madrileñas verán disminuido su presupuesto en más de ciento veinte millones de euros, lo que las emplaza en una situación de máxima precariedad.

El recorte de los presupuestos afectará fundamentalmente a los salarios del personal universitario, así como a las obras de mejora de las instalaciones o la inversión en investigación y estudio de nuevos proyectos.


La CRUMA ha expresado su preocupación por la adaptación del nuevo Espacio de Educación Superior en la Unión Europea, ya que el recorte de las partidas presupuestarias pone en riesgo su correcta implantación. "Bolonia no sólo significa una estructura diferente de las titulaciones: Bolonia significa sobre todo una metodología docente más personalizada, con tutorias, seminarios, trabajos o casos prácticos, y para esto se necesitan más recursos, tanto tecnológicos como personales" declaraba el rector de la Universidad de Alcalá.

La Comunidad de Madrid ha admitido el recorte en el presupuesto destinado a la educación universitaria. Aguirre culpa de esta medida a la crisis económica actual, e insiste en la necesidad de que las universidades ajusten sus gastos y adopten medidas contra la recesión económica: "las inversiones en universidades, como en todo el resto de inversiones de la Comunidad de Madrid y del resto de los poderes públicos, han sido ralentizadas como consecuencia de la crisis".

Los rectores de las diferentes universidades se han comprometido a adoptar medidas de ahorro contra la crisis económica, pero reclaman que los presupuestos se ajusten a la tendencia que se sigue en el resto de Europa. El resto de países europeos han aumentado la inversión en educación superior e investigación y desarrollo como una medida imprescindible para acabar con la crisis económica actual.

Esta situación de precariedad no sólo afecta a las universidades madrileñas, es una situación generalizada. Universidades de prestigio como la de Salamanca o la de Zaragoza atraviesan actualmente por una grave situación económica. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ha alertado igualmente de la necesidad de incrementar el gasto en educación superior, sobre todo en tiempos de crisis.

Al amparo del estado


En las últimas semanas, la actualidad ha estado marcada por los enfrentamientos entre la justicia y la familia del niño gallego que padece obesidad. Tras la decisión judicial que preveía el internamiento del menor en un centro de protección, éste se encuentra en situación de paradero desconocido, ya que los padres se niegan a entregarlo a las autoridades. Por su parte, el Ministerio Fiscal ha interpuesto una querella contra ellos por desobediencia, pero la pareja no se resigna.

La noticia invadió los medios de comunicación y desde entonces se ha abierto un debate público sobre la obesidad infantil y el papel que deben desempeñar los padres en la alimentación de sus hijos. M.C., trabajadora social de un hospital madrileño con una amplía experiencia en el ámbito de menores explica en esta entrevista las posibles alternativas sociales que deberían darse antes de ingresar a un menor de edad en un centro de protección.




Periodista : ¿Ha conocido usted el caso del niño obeso gallego?

T.S. : Sí, lo he conocido a través de los medios de comunicación, ya que ha sido un tema conflictivo que ha abierto un debate público. He escuchado numerosas tertulias en la radio y la televisión. Creo que la polémica se ha suscitado por lo anómalo del caso, ya que hasta ahora los motivos por los que se privaba de la patria potestad a los padres eran situaciones de malos tratos, malnutrición, abusos sexuales, abandono del menor, etc. Nunca se había planteado la posibilidad de situación de desamparo por motivos de obesidad de un niño.

Periodista : ¿Cómo valora la decisión judicial?

T.S. : Ante todo, considero que una decisión judicial se basa en la acreditación de una situación a través de una serie de pruebas periciales, por lo que creo que a priori está justificada . Normalmente cuando ya se decide la suspensión de la patria potestad de los padres y el ingreso de un menor en un centro de protección, es que ya se han intentado otras medidas previas al internamiento y no han funcionado. En estos casos se pretende proteger la integridad física del menor.

Periodista : En su experiencia en centros de menores, ¿se ha encontrado alguna vez con casos similares de abandono?
T.S. : Sí. Me he encontrado con casos a nivel de abandono en el seguimiento médico de menores, que ponian en riesgo la vida del menor. Estas situaciones se han podido provocar bien por negligencia o por otro tipo de causas. Otras veces, la situación de desamparo se ha producido por un excesivo seguimiento médico del menor. En una ocasión detectamos un caso en que la madre padecía una enfermedad mental (Síndrome de Münchausen), por lo que continuamente acudía al médico con su hijo aludiendo que éste padecia enfermedades que en realidad no sufría, con lo que sometía al niño a numerosas pruebas médicas innecesarias.

Periodista : ¿Cómo cree que afectaría el ingreso en un centro de menores en el estado emocional del niño?
T.S. : El estado emocional del menor depende en gran medida de la reacción que tengan los padres ante el hecho del internamiento. Si la familia acepta el centro como parte del tratamiento familiar, el estado emocional del niño no tendría por qué verse afectado. En cambio, si los padres consideran el internamiento como una amenaza, como algo negativo, esto puede repercutir en el menor.

Periodista : ¿Por qué causas puede retirársele la tutela a los padres de un menor?
T.S. : Suelen ser situaciones de maltrato o abandono de los menores paternos, como por ejemplo negligencias en aspectos educativos, sanitarios, etc.

Periodista : ¿Cuáles son las situaciones de maltrato y abandono más comunes?
T.S. : Las situaciones más comunes se relacionan con el abandono en las necesidades básicas de alimentación, vestido y educación. Suelen ser familias de bajo nivel cultural y adquisitivo. En las clases con mayor poder económico, el tipo de abandono varía y es más difícil de detectar. Suelen estar más relacionados con carencias a nivel afectivo y emocional, y no tanto en relación a problemas de malnutrición o desatención en las obligaciones académicas del niño.

Periodista : En su experiencia como trabajadora social en el ámbito hospitalario, ¿se le ha planteado alguna vez algún caso de abandono o maltrato a menores? ¿Cómo lo detectaron? ¿Cómo actuaron?
T.S. : En algunos casos en particular, los médicos han detectado posibles situaciones de riesgo de maltrato. Hace ya algunos años se detectó una enfermedad de transmisión sexual en una niña de cinco años, patología poco común entre menores. Al existir sospechas de posibles abusos sexuales, los profesionales médicos examinaron en profundidad a la pequeña. Además, se efectuaron diferentes entrevistas a la familia. Finalmente, se comprobó que no había existido ningún tipo de abuso sexual a la menor.

Periodista : ¿Cómo se inicia el procedimiento legal en este tipo de casos?
T.S. : El procedimiento legal comienza previa denuncia de un personal sanitario, maestro, vecinos, otros familiares, etc. Si existe un riesgo grave para la vida del menor se interviene inmediatamente, en caso contrario se comienza a trabajar con la familia a través de diferentes programas de tratamiento que se desarrollan en los centros de servicios sociales. Si se consiguen los objetivos marcadod con respecto a la familia y el menor, se continua trabajando y si no se produce mejoría, se informa de la situación a la Comisión de Tutela de la CCAA para que evalue la situación y el riesgo que corre el menor.
Normalmente, la tutela no se retira por una sola causa. También se investiga si el ñiño va al colegio, si lleva la ropa adecuada, si realiza las recomendaciones médicas adecuadas, si acude a sus revisiones médicas, etc. El juez valora la situación teniendo en cuenta los informes de todos estos profesionales.





Periodista : ¿Cree que existen medidas previas positivas antes de decidir el ingreso en un centro de menores?
T.S. : Sí. Siempre y cuando no corra riesgo evidente la integridad física o la vida del menor, es conveniente intentar otras alternativas previas a la separación de los miembros de la familia. Antes de llegar a una medida de internamiento del menor en el centro, hay un trabajo previo de comprobacion de informes médicos, educativos etc, y además se ha intentado trabajar anteriormente con la familia. A nivel sanitario existen unos protocolos para la detección del maltrato y el abuso en la infancia. El internamiento es la última opción que debe darse.

Periodista : Ante estas situaciones, ¿Qué alternativas sociales pueden darse?

T.S. : Hoy en día existen en prácticamente todos los Ayuntamientos y CCAA, Centros de Atención a la Infancia. En ellos, trabajan educadores de familia, psicólogos y trabajadores sociales que realizan actividades de prevención y educación con los padres. Se pretende evitar la institucionalización del menor y su ingreso en un centro de protección. Por ejemplo, los educadores sociales trabajan con las familias sobre hábitos de higiene, alimentación, educación, etc. Además, desde los centros de servicios sociales también se apoya a la pareja a través de programas de ayuda a domicilio. En algunas ocasiones, las situaciones de abandono o maltrato se dan por desconocimiento o desventaja social de los padres, por lo que necesitan la ayuda de los psicólogos y educadores de familia.

Periodista : ¿Valora positivamente la estancia de estos niños en el centro de protección? ¿Se adaptan facilmente a la vida del centro?
T.S. : Creo que hay veces que es inevitable. Por la experiencia que tengo trabajando en centros de protección de menores, los niños se suelen adaptar bien a la vida del centro. Siempre que el motivo del ingreso no sean abusos sexuales o situaciones similares que pongan en peligro la vida del menor, se intenta que los niños sigan manteniendo su vínculo familiar y que las familias también participen del programa. Así, se establecen horarios de visitas, comunicaciones telefónicas, etc. Durante su estancia en el centro, los menores tienen una vida ordenada, aprenden hábitos de comida, vestido, higiene o estudios.

Periodista : ¿Cómo suelen reaccionar las familias ante este tipo de situaciones?
T.S. : En la mayoría de los casos son capaces de reconocer sus problemas y se suele establecer una buena relación con el centro, participan de la nueva situación y ellos siguen trabajando para la normalizacion de la vida cotidiana en la familia. Trabajan para resolver los problemas que llevaron al ingreso del niño en el centro y se preparan para su nueva vida cuando el menor vuelva a convivir con sus padres.

Periodista : ¿Es relativamente sencilla la adaptación posterior del niño a su familia?
T.S. : El menor no corta la relación con su familia. Salvo excepciones, los niños pueden comunicarse con sus padres por teléfono, a través de las visitas, e incluso pueden salir con ellos fines de semana y vacaciones, siempre que la situación familiar haya mejorado. De esta forma, al haber habido un trabajo previo por parte de los servicios sociales y los centros de menores, se prevé que la integración del niño en la familia a su salida del centro sea completa. También existe un seguimiento después de la salida del niño del centro, por lo que si hay algún conflicto, la familia y el menor pueden dirigirse a estos profesionales para exponer sus problemas.

Manifestación para reclamar más presencia femenina en las Instituciones Europeas



Disfrazadas de hombres, decenas de mujeres se han manifestado a las puertas del Consejo de la Unión Europea. Aunque pertenecen a partidos políticos de diversa ideología, todas ellas tienen una misión común: en un mundo de hombres, reclaman su derecho a la igualdad para ocupar puestos de dirección en la Unión Europea.

Faltan pocas semanas para la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Todos los países presentan estos días a sus candidatos a Presidente y altos cargos de la Unión. Sin embargo, son escasos los estados que han decidido proponer una mujer para ocupar estos puestos. Esta situación ha provocado la indignación de un importante colectivo de eurodiputados, quienes se manifiestan estos días en la sede del Consejo Europeo.

El conocido sistema de cuotas promovido por la UE años atrás para garantizar la igualdad de género en los partidos políticos está en crisis. Tan sólo cuatro países europeos han presentado candidatas a la presidencia de los órganos de dirección de la Unión Europea. Las eurodiputadas se quejan de que los partidos políticos no cumplen con el espíritu de la paridad, mientras la propia Unión cierra los ojos ante esta situación. "Las mujeres de la UE no están escondidas, sino que las están ocultando" se queja la filósofa Amelia Valcárcel.



Esta situación paradójica choca con la imagen de integración de género que siempre ha protagonizado la Unión Europea a través de sus políticas. Son varias las directivas que se han dedicado a regular la igualdad de género en el ámbito laboral, por las que debe haber paridad incluso en los comités directivos de las empresas. Sin embargo, aún no se ha aprobado ninguna norma que regule esta situación en el ámbito de las élites políticas.

Las políticas de igualdad europea recomiendan a los partidos la elaboración de listas electorales paritarias. Tan sólo cinco países de la Unión han regulado la paridad en los partidos políticos. En muchas ocasiones se incluye la mitad de mujeres en las listas pero en los últimos puestos, de manera que no tienen opciones a ocupar altos cargos. Las eurodiputadas manifiestan que esta situación es insostenible "Es lamentable : no puede haber una democracia europea moderna sin igualdad de género. En la UE tenemos mujeres muy capacitadas y hay donde elegir, pero a veces da la sensación de que ningún curriculum es suficiente", mantiene la ministra de igualdad española.

Además, el número de mujeres que integran la Comisión Europea también se reducirán. Ahora mismo sólo hay ocho mujeres comisarias. Desde este colectivo se reclama al menos la presencia de un tercio de mujeres en los órganos europeos y en la ocupación de altos cargos.

La batalla de la dependencia


La justicia acaba de abrir un camino de esperanza a miles de madrileños en situación de dependencia. Hasta ahora, si la Comunidad de Madrid no contestaba al ciudadano en un plazo de seis meses, se entendía automáticamente denegada su posible condición de dependiente y el derecho a percibir cualquier tipo de ayuda. Esta situación ha provocado que en estos últimos meses las listas de espera para ser declarado dependiente aumentaran considerablemente. Miles de familias como la de Raúl (enfermo de ELA), se encuentren a la espera de una solución para su particular drama personal, una solución a la que tienen derecho por ley desde 2006.

El pasado nueve de noviembre de 2009, el TSJ de Madrid eliminó el precepto de la Orden regional que regula la aplicación de la Ley de Dependencia. Según éste, en el caso de que la Administración madrileña no respondiera al ciudadano demandante de las ayudas en seis meses, se entendía la solicitud como rechazada. Este precepto incumple la Ley estatal de Procedimiento Administrativo, ya que salvo en contadas excepciones, el silencio origina el reconocimiento automático del derecho que demanda el ciudadano.

El procedimiento judicial fue iniciado por la Plataforma por la Dependencia en Alcorcón, ya que creían ilegal la consideración del silencio administrativo desestimatorio para el reconocimiento de un derecho fundamental.

Las reacciones de diversos sectores políticos y sociales no se han hecho esperar. La delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce ha declarado que: "en este caso tanto los ciudadanos dependientes como sus familiares van a poder ver más agilmente resueltos sus expedientes, y eso va a permitir que se les reconozcan los derechos que la Ley de Dependencia les garantiza".

Desde los sindicatos también se aplaude la decisión del Tribunal. Ana González, secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de CCOO ha felicitado la decisión judicial, “una lección para la Comunidad de Madrid que se ha dedicado a usar esta Ley como una herramienta de confrontación contra el Gobierno de España, y no como un instrumento a favor de los ciudadanos”.

Sin duda, este fallo judicial da un buen tirón de orejas a los órganos gestores de la Comunidad de Madrid. Y es que las interminables listas de espera y los procedimientos engorrosos para conseguir una ayuda en la región, llevan provocando la desesperación de miles de madrileños desde hace varios años. El informe del Ministerio de Sanidad y Política Social sobre la aplicación de la ley de dependencia en las CCAA, ya ponía de manifiesto que la Comunidad de Madrid se sitúa a la cola de resolución de expedientes y concesión de ayudas a personas en situación de dependencia. De las 44.000 solicitudes que llegaron a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad, el día 1 de noviembre de 2009 se habían contestado alrededor de 37.000, pero tan sólo 20.000 están recibiendo prestaciones sociales.

Son miles las personas que esperan que la Administración madrileña les reconozca su estatus de persona dependiente y así vean sus derechos garantizados. Hace aproximadamente un mes, Raúl Miranda, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica advertía en Televisión Española la precaria situación en la que se encontraba él y su familia. Raúl hizo reflexionar a todos los espectadores que aquella noche vieron su programa. Son tiempos en que se discuten temas tan controvertidos como el derecho a una muerte digna, la sociedad está cambiando. Raúl, sin estar en desacuerdo con que exista la libertad para morir dignamente, recuerda un concepto que hoy sonaría incluso revolucionario. El derecho a vivir dignamente.



A través de su blog, Raúl [ enlace a documental de rtve ] transmite optimismo y positividad. Es un referente para otros enfermos de ELA. Es un impulso para el cambio, una esperanza de futuro. Como otros tantos ciudadanos, manifiesta en su blog su malestar por la aplicación de la "ley de ridiculencia". Después de dos años de espera para declarar su grado de dependencia, relata la ayuda que le ha sido concedida :"super ayuda : 150 € + 20 horas de ayuda a domicilio o bien 55 horas de ayuda a domicilio. Las horas son al mes". Raúl considera que el máximo error ha sido que sean las CCAA las encargadas de gestionar las ayudas : "esta ley no tenía que haber sido llevada por las Comunidades, lo que tenía que haber gestionado la Seguridad Social a nivel estatal".

Tras conocer la noticia de la sentencia, Raúl se muestra escéptico ante lo que pueda ocurrir en el futuro: "ahora con la sentencia que se ha producido el lío va a ser de dimensiones incalculables, todo debido a la pésima gestión de la Comunidad de Madrid y también a su falta de interés por las personas dependientes, siendo ciudadanos de pleno derecho de esta comunidad".
Los medios se han hecho eco de esta polémica. En el diario El País, Carmen Morán explica las consecuencias de la sentencia: "Aquellos que solicitaron una ayuda en pirmavera y sólo obtuvieron silencio, son ahora ciudadanos dependientes con derecho a ayuda. [..]A la Comunidad de Madrid se le plantea ahora un embolado de grandes dimensiones [...] Podría incluso darse el caso de que alguien hubiera solicitado una ayuda sin necesitarla y ahora tendría derecho a ella. Es improbable, pero...".

La reacción de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. El Ejecutivo Regional ha previsto en la "Ley de Medidas Liberalizadoras" un precepto, por el cual se establece por ley, el silencio administrativo desestimatorio. Una ley que nada tiene que ver con la dependencia y que trunca en menos de una semana las ilusiones de miles de familias. La batalla por la ley de dependencia no ha hecho más que comenzar.





El Derecho al servicio de la política

De nuevo la polémica salpica al Gobierno Valenciano. El nuevo Plan de Vivienda para el período 2009- 2012 considera como sujeto de la unidad familiar a los embriones fecundados a efectos de baremación para conseguir una vivienda protegida. La medida, propuesta por el Consejero de Urbanismo de la Generalitat, miembro del Opus Dei y conocido por sus campañas en defensa de la vida, ha sido ya calificada por el grupo socialista de antiabortista. El debate está servido.

La medida que ha abierto la discusión política en las Cortes valencianas, prevé que los embriones no nacidos computen como miembros de la unidad familiar para la obtención de una vivienda de protección pública. Así, las mujeres que se encuentren en estado de embarazo deberán acreditarlo en el momento de presentar su solicitud. Sin embargo, el nuevo plan no prevé la posibilidad de que finalmente no se produzca el nacimiento del feto por la interrupción voluntaria o natural del embarazo. Esta laguna legal resta seguridad jurídica al procedimiento para obtener una vivienda de protección oficial, puesto que se favorece a las familias que se encuentren bajo una serie de condiciones que realmente no existen en el momento en que se inicia el proceso.

El Gobierno central estudia recurrir la medida

La nueva directriz marcada por el Gobierno Valenciano no ha estado exenta de polémica. Varios diputados del grupo socialista valenciano ya se han manifestado en contra de la medida. La diputada Maria José Salvador considera que "la resolución firmada por Cotino puede llevar a una clara inseguridad jurídica".
Por su parte, el delegado del Gobierno en Valencia ha declarado que el Ejecutivo se plantea recurrir esta resolución, puesto que "los nasciturus, embriones fecundados no nacidos, tienen una protección jurídica separada del ciudadano en la legislación española". En el ordenamiento español, el nacimiento se considera imprescindible para que el feto adquiera personalidad jurídica. El feto debe permanecer con vida veinticuatro horas después de su alumbramiento para que adquiera la condición de persona. Por ello, no pueden equipararse los derechos de los individuos nacidos a los de un nasciturus.
El Plan de Vivienda de la Generalitat Valenciana se enmarca dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda, en el que se permite a las CCAA que añadan los colectivos sociales que consideren oportunos como beneficiarios de las ayudas. Sin embargo, se plantean dudas cuando se trata de considerar colectivo social a un sujeto que aún no ha nacido.
El Consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Transporte de la Generalitat Valenciana dota de personalidad jurídica al nasciturus, lo que significa otorgarle literalmente la condición de ciudadano. Pero esta medida no sólo se aplicará en el ámbito del acceso a la vivienda, sino que a efectos de baremación, tendrán más puntos en procesos como el acceso a un centro educativo u otro, o la adquisición de la condición de familia numerosa.

La incoherencia de la clase política




Juan Cotino, Consejero de Urbanismo de la Generalitat Valenciana e impulsor de este precepto, es conocido por sus campañas en contra de la nueva ley del aborto que prepara el Ejecutivo central. Encabezó la última manifestación en Madrid en contra del aborto. Durante su etapa en la Consejería de Bienestar Social también adoptó algunas medidas excéntricas como la de crear un censo paralelo al Registro Civil para inscribir a fetos nacidos muertos en las veinticuatro horas inmediatamente después de su nacimiento. También propuso destinar una partida presupuestaria a entidades que tengan como fin proteger la vida en formación y ayudar a las mujeres embarazadas. Algunas de estas medidas, como la financiación de asociaciones que ayuden a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social favorecen positivamente el concepto de Estado de Bienestar que define al estado español. Sin embargo, en su función de proponer normas, el Ejecutivo debe respetar los principios fundamentales que rigen el ordenamiento español. De otra manera, los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos quedarían desprotegidos y al amparo de los intereses ideológicos del político de turno.
No obstante, este no es el único ejemplo de incoherencia jurídica por parte de la clase política. En el primer borrador del Proyecto de Ley del Aborto del Gobierno Zapatero, se preveía la posibilidad de que las menores de edad pudieran abortar a partir de los dieciseis años sin informar a sus padres de la situación.


El derecho no puede estar al servicio de la clase política, ya que deben respetarse los principios mínimos fundamentales que componen el ordenamiento jurídico español y que permiten una convivencia pacífica entre todas las ideologías políticas o religiosas posibles. Por ello, debe exigirse a los poderes públicos que respeten en la medida de lo posible estos principios, puesto que son los únicos que pueden garantizar la eficacia de los derechos fundamentales, sobre todo en cuestiones tan controvertidas como el tema del aborto.

Cuando la igualdad da una oportunidad a la sociedad

Un mes después de su estreno, la película Yo También ha logrado conmover a la sociedad española. Una historia de amor y superación, en la que dos compañeros de trabajo viven una intensa historia llena de emociones. Pablo Pineda, protagonista de esta hermosa historia desmitifica una vez más los prejuicios sobre la imposibilidad de que las personas con Síndrome de Down se integren laboral y socialmente.

Pablo Pineda, diplomado en Magisterio y estudiante de 2º ciclo de Psicopedagogía, es el primer europeo con Síndrome de Down en haber cursado estudios universitarios. La vida de este joven ha estado marcada por una lucha incesante para desmitificar las "limitaciones" de las personas que padecen esta alteración genética. Este joven es un auténtico ejemplo de superación, ya que siempre ha estado luchando por conseguir el reconocimiento social del colectivo de personas con Síndrome de Down. Pablo tuvo conocimiento de su situación personal cuando tenía siete años, pero en ese momento su única preocupación fue si tener este síndrome le iba a impedir seguir estudiando. La motivación y el apoyo de su familia fueron fundamentales para que este joven llegara a la Universidad.

Asegura que "su padre le obligaba a ir solo al colegio en autobús y que fueron fuertes para no ser protectores con él". Considera que la sobreprotección que algunos padres tienen sobre sus hijos es contraproducente para su desarrollo personal y social. Él mismo vivió la experiencia de tener un familiar sobreprotector : "Era mi tía Encarna. Cuando murió fue un mazazo, pero también un punto de inflexión; dejé de tener al alguien que me protegiera de ese modo. Eso para mí fue una lección de autonomía [...] El caso es que cuando ella murió disfruté de esa responsabilidad. Tenía que ir a comprar, manejar dinero. Fue un cambio muy grande, empecé a hacerme la cena: el huevo frito, la ensalada, el churrasco. Son cosas fáciles, pero normalmente un Síndrome de Down no las hace; si tiene unos padres protectores no lo hace, porque hay fuego, agua hirviendo, etc".

Actualmente Pablo tiene 29 años y trabaja en la Administración Pública gracias a los programas de inserción laboral para discapacitados. Como la mayoría de los jóvenes españoles, sigue viviendo con sus padres porque su sueldo no le permite independizarse. Lo que le diferencia de muchos jóvenes son sus ganas de luchar por la igualdad de derechos de las personas discapacitadas. Él es consciente de su responsabilidad y la seguirá desempeñando con ilusión.


Las diferentes asociaciones de discapacitados inciden en la necesidad de apoyar y motivar a estas personas para que sean lo más autosuficientes posible. El artículo 14 de la Constitucíón Española proclama el derecho a la igualdad de todos los españoles. La Carta Magna establece el deber de los poderes públicos de que esta igualdad sea efectiva. En este sentido se encuadra la ley de insercion social para minusválidos de 1982, en la que se pretende terminar con la situación de aislamiento social de las personas con discapacidad. Los dos puntos más importantes sobre los que incide la ley son la educación y la inserción laboral.

Así, desde 1982 los niños con algún tipo de discapacidad estudian en colegios ordinarios con el personal de apoyo que sea necesario.

En cuanto al ámbito laboral, la medida más novedosa fue la implantación de una cuota de contratación para personas discapacitadas. En empresas de más de 50 trabajadores, al menos de un 2% de la plantilla debe reservarse a la integración laboral de este colectivo.



Sin embargo, a pesar del buen propósito de la ley, la plena integración laboral de las personas con discapacidad está lejos de alcanzarse. Según datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad y Política Social, en el año 2002 la tasa de empleo de las personas con discapacidad fue de un 33%, frente al 70% de las personas empleadas sin discapacidad. Además, el porcentaje de personas discapacitadas que han conseguido un empleo gracias a los programas de inserción laboral en 2003, fue de un 11%.

En el terreno de la Educación, la situación no es mucho más alentadora. En las últimas semanas se han producido varias denuncias en los medios de comunicación porque la Generalitat de Cataluña ha reducido la plantilla de personas que apoyan a los alumnos discapacitados o con problemas de salud. Esta falta de personal provoca que algunos niños no puedan acudir al colegio con normalidad. Por tanto, estas situaciones resienten la integración educativa y social de los niños.

El ejemplo de Pablo debe servir para que la sociedad española y los poderes públicos tomen conciencia sobre la necesidad de motivar y apoyar a las personas que tienen algún tipo de dificultad física o mental. Las estadísticas demuestran que las medidas de integración social que preveía la ley de 1982 no son suficientes, y debe ser revisada. Debe lograrse la igualdad plena de derechos entre todos los ciudadanos para que otras personas con discapacidad lleguen a conseguir las metas que ya ha conquistado el protagonista de Yo También. Sólo de esta forma la sociedad española no perderá la oportunidad de seguir desarrollándose.




Constitución Europea: ¿ciudadanía o mercado?


En las próximas semanas República Checa dirá SI al tratado que unirá los destinos de millones de ciudadanos. Tras el reciente referéndum irlandés que dio visto bueno al tratado, la ex-república soviética es el último país que debe aprobar el texto.

El sueño de conseguir una Europa unida, construida sobre los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos está a punto de alcanzarse. La exposición de motivos del texto constitutivo recupera el germen democrático que comenzó a gestarse en época de la antigua civilización griega. Sin embargo, las últimas medidas propuestas por la Comisión siembran ciertas dudas sobre la verdadera razón de ser de la UE.

Ha transcurrido ya más de un año desde que el Parlamento Europeo aprobase la polémica directiva "De Retorno" sobre la política migratoria de la Unión Europea. Aquellos días la noticia ocupó las portadas de todos los diarios y las cabeceras de los informativos de radio y televisión. El tema fue incluso motivo de debate en las tertulias políticas de los medios de comunicación.

A través de esta norma se adoptan medidas como la expulsión inmediata del territorio europeo a las personas que se encuentren en situación irregular en el año 2010, o la posibilidad de que los inmigrantes menores de edad sean expulsados sin la necesidad de estar acompañados por un adulto. La directiva prevé además, que los inmigrantes sin papeles que no abandonen voluntariamente el país sean ingresados en centros penitenciarios entre seis y dieciocho meses, sin necesidad de intervención de una autoridad judicial.

Duras críticas a las políticas sobre migración de la UE

Diversos colectivos sociales como Amnistía Internacional mostraron en la Red su inquietud y preocupación ante esta medida. La secretaria general de esta organización, Irene Khan, expresó que "la directiva permite que los socios europeos retengan a personas que no han cometido ningún crimen, incluyendo a menores, hasta durante un año y medio".

Desde el mundo del derecho, varios juristas manifestaron dudas sobre la legalidad de estas políticas en materia migratoria. Según Luis Carlos Nieto García, miembro de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos "La UE ha dado un paso atrás de gigante con la apróbación de la denominada Directiva de Retorno, y además ha marcado una tendencia restrictiva en contra de los principios constitutivos de la Unión basados en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de las personas y en el respeto a los derechos humanos".

Esta directiva vulnera varios derechos fundamentales establecidos, entre otros tratados internacionales, en la "Declaración Universal de Derechos Humanos" de 1948, la cual ha sido ratificada por todos los países integrantes de la UE. Se declaran derechos como la libertad de circulación de personas, el reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser humano y la prohibición de la detención arbitraria.

Tal y como afirma el profesor de Derecho Internacional, Carrillo Salcedo, a través de estas medidas la UE intenta "nacionalizar los derechos humanos", es decir, que estos sólo puedan ser disfrutados por los ciudadanos europeos, y no por los no nacionales, lo que va en contra de todas las normas de Derecho Internacional ratificadas por los propios países europeos.

Pero las críticas al texto también se han extendido por el continente americano. Varias asociaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes latinoamericanos expresaron su malestar por la aprobación de la directiva. Incluso el Presidente de Bolivia, Evo Morales publicó un manifiesto para instar a las autoridades europeas a retractarse.

Las críticas no sólo se vertieron por parte de asociaciones de inmigrantes o de la clase políticas, sino también por parte de miles de personas. En Ecuador, miles de ciudadanos salieron a la calle para protestar por la medida.

Libertad de capitales, cierre de fronteras

Otro de los pilares de la UE es la libre circulación de capitales dentro del territorio europeo y más allá de sus fronteras. Son numerosas las empresas europeas que establecen sus sedes sociales en países subdesarrollados o en vías de desarrollo de África y América Latina.

Según el Observatorio de Multinacionales de América Latina, los tratados de libre comercio o los tratados bilaterales de inversión otorgan el privilegio a las multinacionales europeas de operar en estos países con total impunidad, vulnerando en ocasiones los derechos laborales de los trabajadores o las normas en materia de Medio Ambiente.

Retroceso de derechos sociales también para los ciudadanos europeos

Estas medidas restrictivas de derechos fundamentales no afectan sólo a los inmigrantes, sino también a los ciudadanos que ostentan la condición de ciudadano europeo. Han sido muy polémicas las propuestas de directiva como la denominada "Directiva Bolkestein" o la polémica propuesta de directiva que efectuaron los ministros de Trabajo de los 27, que pretendía aumentar la jornada laboral en la UE a sesenta y cinco horas semanales.

Estas medidas de liberalización de la economía y la protección de la circulación de capitales, entroncan con las medidas de cierre de fronteras, lo que supone una dicotomía entre la esencia democrática de Europa, concebida como una sociedad moderna y cosmopolita, y las políticas de restricción de derechos fundamentales.

A las puertas de la ratificación de la Constitución, los dirigentes europeos intensifican sus esfuerzos por ofrecer una imagen de Europa como defensora de los derechos humanos y la protección de una sociedad multicultural. Sin embargo, directivas como la de "Retorno" evidencian que en muchas ocasiones estos derechos quedan en "papel mojado", y afectan tanto a los ciudadanos comunitarios como a las personas migrantes".