Un mes después de su estreno, la película Yo También ha logrado conmover a la sociedad española. Una historia de amor y superación, en la que dos compañeros de trabajo viven una intensa historia llena de emociones. Pablo Pineda, protagonista de esta hermosa historia desmitifica una vez más los prejuicios sobre la imposibilidad de que las personas con Síndrome de Down se integren laboral y socialmente.
Pablo Pineda, diplomado en Magisterio y estudiante de 2º ciclo de Psicopedagogía, es el primer europeo con Síndrome de Down en haber cursado estudios universitarios. La vida de este joven ha estado marcada por una lucha incesante para desmitificar las "limitaciones" de las personas que padecen esta alteración genética. Este joven es un auténtico ejemplo de superación, ya que siempre ha estado luchando por conseguir el reconocimiento social del colectivo de personas con Síndrome de Down. Pablo tuvo conocimiento de su situación personal cuando tenía siete años, pero en ese momento su única preocupación fue si tener este síndrome le iba a impedir seguir estudiando. La motivación y el apoyo de su familia fueron fundamentales para que este joven llegara a la Universidad.
Asegura que "su padre le obligaba a ir solo al colegio en autobús y que fueron fuertes para no ser protectores con él". Considera que la sobreprotección que algunos padres tienen sobre sus hijos es contraproducente para su desarrollo personal y social. Él mismo vivió la experiencia de tener un familiar sobreprotector : "Era mi tía Encarna. Cuando murió fue un mazazo, pero también un punto de inflexión; dejé de tener al alguien que me protegiera de ese modo. Eso para mí fue una lección de autonomía [...] El caso es que cuando ella murió disfruté de esa responsabilidad. Tenía que ir a comprar, manejar dinero. Fue un cambio muy grande, empecé a hacerme la cena: el huevo frito, la ensalada, el churrasco. Son cosas fáciles, pero normalmente un Síndrome de Down no las hace; si tiene unos padres protectores no lo hace, porque hay fuego, agua hirviendo, etc".
Actualmente Pablo tiene 29 años y trabaja en la Administración Pública gracias a los programas de inserción laboral para discapacitados. Como la mayoría de los jóvenes españoles, sigue viviendo con sus padres porque su sueldo no le permite independizarse. Lo que le diferencia de muchos jóvenes son sus ganas de luchar por la igualdad de derechos de las personas discapacitadas. Él es consciente de su responsabilidad y la seguirá desempeñando con ilusión.
Las diferentes asociaciones de discapacitados inciden en la necesidad de apoyar y motivar a estas personas para que sean lo más autosuficientes posible. El artículo 14 de la Constitucíón Española proclama el derecho a la igualdad de todos los españoles. La Carta Magna establece el deber de los poderes públicos de que esta igualdad sea efectiva. En este sentido se encuadra la ley de insercion social para minusválidos de 1982, en la que se pretende terminar con la situación de aislamiento social de las personas con discapacidad. Los dos puntos más importantes sobre los que incide la ley son la educación y la inserción laboral.
Así, desde 1982 los niños con algún tipo de discapacidad estudian en colegios ordinarios con el personal de apoyo que sea necesario.
En cuanto al ámbito laboral, la medida más novedosa fue la implantación de una cuota de contratación para personas discapacitadas. En empresas de más de 50 trabajadores, al menos de un 2% de la plantilla debe reservarse a la integración laboral de este colectivo.
Sin embargo, a pesar del buen propósito de la ley, la plena integración laboral de las personas con discapacidad está lejos de alcanzarse. Según datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad y Política Social, en el año 2002 la tasa de empleo de las personas con discapacidad fue de un 33%, frente al 70% de las personas empleadas sin discapacidad. Además, el porcentaje de personas discapacitadas que han conseguido un empleo gracias a los programas de inserción laboral en 2003, fue de un 11%. En el terreno de la Educación, la situación no es mucho más alentadora. En las últimas semanas se han producido varias denuncias en los medios de comunicación porque la Generalitat de Cataluña ha reducido la plantilla de personas que apoyan a los alumnos discapacitados o con problemas de salud. Esta falta de personal provoca que algunos niños no puedan acudir al colegio con normalidad. Por tanto, estas situaciones resienten la integración educativa y social de los niños.
El ejemplo de Pablo debe servir para que la sociedad española y los poderes públicos tomen conciencia sobre la necesidad de motivar y apoyar a las personas que tienen algún tipo de dificultad física o mental. Las estadísticas demuestran que las medidas de integración social que preveía la ley de 1982 no son suficientes, y debe ser revisada. Debe lograrse la igualdad plena de derechos entre todos los ciudadanos para que otras personas con discapacidad lleguen a conseguir las metas que ya ha conquistado el protagonista de Yo También. Sólo de esta forma la sociedad española no perderá la oportunidad de seguir desarrollándose.
En las próximas semanas República Checa dirá SI al tratado que unirá los destinos de millones de ciudadanos. Tras el reciente referéndum irlandés que dio visto bueno al tratado, la ex-república soviética es el último país que debe aprobar el texto.
El sueño de conseguir una Europa unida, construida sobre los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos está a punto de alcanzarse. La exposición de motivos del texto constitutivo recupera el germen democrático que comenzó a gestarse en época de la antigua civilización griega. Sin embargo, las últimas medidas propuestas por la Comisión siembran ciertas dudas sobre la verdadera razón de ser de la UE.
Ha transcurrido ya más de un año desde que el Parlamento Europeo aprobase la polémica directiva "De Retorno" sobre la política migratoria de la Unión Europea. Aquellos días la noticia ocupó las portadas de todos los diarios y las cabeceras de los informativos de radio y televisión. El tema fue incluso motivo de debate en las tertulias políticas de los medios de comunicación.
A través de esta norma se adoptan medidas como la expulsión inmediata del territorio europeo a las personas que se encuentren en situación irregular en el año 2010, o la posibilidad de que los inmigrantes menores de edad sean expulsados sin la necesidad de estar acompañados por un adulto. La directiva prevé además, que los inmigrantes sin papeles que no abandonen voluntariamente el país sean ingresados en centros penitenciarios entre seis y dieciocho meses, sin necesidad de intervención de una autoridad judicial.
Duras críticas a las políticas sobre migración de la UE
Diversos colectivos sociales como Amnistía Internacional mostraron en la Red su inquietud y preocupación ante esta medida. La secretaria general de esta organización, Irene Khan, expresó que "la directiva permite que los socios europeos retengan a personas que no han cometido ningún crimen, incluyendo a menores, hasta durante un año y medio".
Desde el mundo del derecho, varios juristas manifestaron dudas sobre la legalidad de estas políticas en materia migratoria. Según Luis Carlos Nieto García, miembro de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos "La UE ha dado un paso atrás de gigante con la apróbación de la denominada Directiva de Retorno, y además ha marcado una tendencia restrictiva en contra de los principios constitutivos de la Unión basados en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de las personas y en el respeto a los derechos humanos".
Esta directiva vulnera varios derechos fundamentales establecidos, entre otros tratados internacionales, en la "Declaración Universal de Derechos Humanos" de 1948, la cual ha sido ratificada por todos los países integrantes de la UE. Se declaran derechos como la libertad de circulación de personas, el reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser humano y la prohibición de la detención arbitraria.
Tal y como afirma el profesor de Derecho Internacional, Carrillo Salcedo, a través de estas medidas la UE intenta "nacionalizar los derechos humanos", es decir, que estos sólo puedan ser disfrutados por los ciudadanos europeos, y no por los no nacionales, lo que va en contra de todas las normas de Derecho Internacional ratificadas por los propios países europeos.
Pero las críticas al texto también se han extendido por el continente americano. Varias asociaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes latinoamericanos expresaron su malestar por la aprobación de la directiva. Incluso el Presidente de Bolivia, Evo Morales publicó un manifiesto para instar a las autoridades europeas a retractarse.
Las críticas no sólo se vertieron por parte de asociaciones de inmigrantes o de la clase políticas, sino también por parte de miles de personas. En Ecuador, miles de ciudadanos salieron a la calle para protestar por la medida.
Libertad de capitales, cierre de fronteras
Otro de los pilares de la UE es la libre circulación de capitales dentro del territorio europeo y más allá de sus fronteras. Son numerosas las empresas europeas que establecen sus sedes sociales en países subdesarrollados o en vías de desarrollo de África y América Latina.
Según el Observatorio de Multinacionales de América Latina, los tratados de libre comercio o los tratados bilaterales de inversión otorgan el privilegio a las multinacionales europeas de operar en estos países con total impunidad, vulnerando en ocasiones los derechos laborales de los trabajadores o las normas en materia de Medio Ambiente.
Retroceso de derechos sociales también para los ciudadanos europeos
Estas medidas restrictivas de derechos fundamentales no afectan sólo a los inmigrantes, sino también a los ciudadanos que ostentan la condición de ciudadano europeo. Han sido muy polémicas las propuestas de directiva como la denominada "Directiva Bolkestein" o la polémica propuesta de directiva que efectuaron los ministros de Trabajo de los 27, que pretendía aumentar la jornada laboral en la UE a sesenta y cinco horas semanales.
Estas medidas de liberalización de la economía y la protección de la circulación de capitales, entroncan con las medidas de cierre de fronteras, lo que supone una dicotomía entre la esencia democrática de Europa, concebida como una sociedad moderna y cosmopolita, y las políticas de restricción de derechos fundamentales.
A las puertas de la ratificación de la Constitución, los dirigentes europeos intensifican sus esfuerzos por ofrecer una imagen de Europa como defensora de los derechos humanos y la protección de una sociedad multicultural. Sin embargo, directivas como la de "Retorno" evidencian que en muchas ocasiones estos derechos quedan en "papel mojado", y afectan tanto a los ciudadanos comunitarios como a las personas migrantes".
Ana S.J. Estudiante de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid. Interesada desde muy joven en la defensa de los derechos humanos y sociales, tratará de denunciar las situaciones de violación de estos derechos que se producen diariamente en nuestra sociedad. No hay más que buscar las noticias fuera de los periódicos...