El sueño de conseguir una Europa unida, construida sobre los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos está a punto de alcanzarse. La exposición de motivos del texto constitutivo recupera el germen democrático que comenzó a gestarse en época de la antigua civilización griega. Sin embargo, las últimas medidas propuestas por la Comisión siembran ciertas dudas sobre la verdadera razón de ser de la UE.
Ha transcurrido ya más de un año desde que el Parlamento Europeo aprobase la polémica directiva "De Retorno" sobre la política migratoria de la Unión Europea. Aquellos días la noticia ocupó las portadas de todos los diarios y las cabeceras de los informativos de radio y televisión. El tema fue incluso m
otivo de debate en las tertulias políticas de los medios de comunicación.A través de esta norma se adoptan medidas como la expulsión inmediata del territorio europeo a las personas que se encuentren en situación irregular en el año 2010, o la posibilidad de que los inmigrantes menores de edad sean expulsados sin la necesidad de estar acompañados por un adulto. La directiva prevé además, que los inmigrantes sin papeles que no abandonen voluntariamente el país sean ingresados en centros penitenciarios entre seis y dieciocho meses, sin necesidad de intervención de una autoridad judicial.
Duras críticas a las políticas sobre migración de la UE
Diversos colectivos sociales como Amnistía Internacional mostraron en la Red su inquietud y preocupación ante esta medida. La secretaria general de esta organización, Irene Khan, expresó que "la directiva permite que los socios europeos retengan a personas que no han cometido ningún crimen, incluyendo a menores, hasta durante un año y medio".
Desde el mundo del derecho, varios juristas manifestaron dudas sobre la legalidad de estas políticas en materia migratoria. Según Luis Carlos Nieto García, miembro de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos "La UE ha dado un paso atrás de gigante con la apróbación de la denominada Directiva de Retorno, y además ha marcado una tendencia restrictiva en contra de los principios constitutivos de la Unión basados en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de las personas y en el respeto a los derechos humanos".
Esta directiva vulnera varios derechos fundamentales establecidos, entre otros tratados internacionales, en la "Declaración Universal de Derechos Humanos" de 1948, la cual ha sido ratificada por todos los países integrantes de la UE. Se declaran derechos como la libertad de circulación de personas, el reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser humano y la prohibición de la detención arbitraria.
Tal y como afirma el profesor de Derecho Internacional, Carrillo Salcedo, a través de estas medidas la UE intenta "nacionalizar los derechos humanos", es decir, que estos sólo puedan ser disfrutados por los ciudadanos europeos, y no por los no nacionales, lo que va en contra de todas las normas de Derecho Internacional ratificadas por los propios países europeos.
Pero las críticas al texto también se han extendido por el continente americano. Varias asociaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes latinoamericanos expresaron su malestar por la aprobación de la directiva. Incluso el Presidente de Bolivia, Evo Morales publicó un manifiesto para instar a las autoridades europeas a retractarse.
Libertad de capitales, cierre de fronteras
Otro de los pilares de la UE es la libre circulación de capitales dentro del territorio europeo y más allá de sus fronteras. Son numerosas las empresas europeas que establecen sus sedes sociales en países subdesarrollados o en vías de desarrollo de África y América Latina.
Según el Observatorio de Multinacionales de América Latina, los tratados de libre comercio o los tratados bilaterales de inversión otorgan el privilegio a las multinacionales europeas de operar en estos países con total impunidad, vulnerando en ocasiones los derechos laborales de los trabajadores o las normas en materia de Medio Ambiente.
Retroceso de derechos sociales también para los ciudadanos europeos
Estas medidas restrictivas de derechos fundamentales no afectan sólo a los inmigrantes, sino también a los ciudadanos que ostentan la condición de ciudadano europeo. Han sido muy polémicas las propuestas de directiva como la denominada "Directiva Bolkestein" o la polémica propuesta de directiva que efectuaron los ministros de Trabajo de los 27, que pretendía aumentar la jornada laboral en la UE a sesenta y cinco horas semanales.
Estas medidas de liberalización de la economía y la protección de la circulación de capitales, entroncan con las medidas de cierre de fronteras, lo que supone una dicotomía entre la esencia democrática de Europa, concebida como una sociedad moderna y cosmopolita, y las políticas de restricción de derechos fundamentales.
A las puertas de la ratificación de la Constitución, los dirigentes europeos intensifican sus esfuerzos por ofrecer una imagen de Europa como defensora de los derechos humanos y la protección de una sociedad multicultural. Sin embargo, directivas como la de "Retorno" evidencian que en muchas ocasiones estos derechos quedan en "papel mojado", y afectan tanto a los ciudadanos comunitarios como a las personas migrantes".
