El pasado nueve de noviembre de 2009, el TSJ de Madrid eliminó el precepto de la Orden regional que regula la aplicación de la Ley de Dependencia. Según éste, en el caso de que la Administración madrileña no respondiera al ciudadano demandante de las ayudas en seis meses, se entendía la solicitud como rechazada. Este precepto incumple la Ley estatal de Procedimiento Administrativo, ya que salvo en contadas excepciones, el silencio origina el reconocimiento automático del derecho que demanda el ciudadano.
El procedimiento judicial fue iniciado por la Plataforma por la Dependencia en Alcorcón, ya que creían ilegal la consideración del silencio administrativo desestimatorio para el reconocimiento de un derecho fundamental.
Las reacciones de diversos sectores políticos y sociales no se han hecho esperar. La delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce ha declarado que: "en este caso tanto los ciudadanos dependientes como sus familiares van a poder ver más agilmente resueltos sus expedientes, y eso va a permitir que se les reconozcan los derechos que la Ley de Dependencia les garantiza".
Desde los sindicatos también se aplaude la decisión del Tribunal. Ana González, secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de CCOO ha felicitado la decisión judicial, “una lección para la Comunidad de Madrid que se ha dedicado a usar esta Ley como una herramienta de confrontación contra el Gobierno de España, y no como un instrumento a favor de los ciudadanos”.
Sin duda, este fallo judicial da un buen tirón de orejas a los órganos gestores de la Comunidad de Madrid. Y es que las interminables listas de espera y los procedimientos engorrosos para conseguir una ayuda en la región, llevan provocando la desesperación de miles de madrileños desde hace varios años. El informe del Ministerio de Sanidad y Política Social sobre la aplicación de la ley de dependencia en las CCAA, ya ponía de manifiesto que la Comunidad de Madrid se sitúa a la cola de resolución de expedientes y concesión de ayudas a personas en situación de dependencia. De las 44.000 solicitudes que llegaron a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad, el día 1 de noviembre de 2009 se habían contestado alrededor de 37.000, pero tan sólo 20.000 están recibiendo prestaciones sociales.
Son miles las personas que esperan que la Administración madrileña les reconozca su estatus de persona dependiente y así vean sus derechos garantizados. Hace aproximadamente un mes, Raúl Miranda, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica advertía en Televisión Española la precaria situación en la que se encontraba él y su familia. Raúl hizo reflexionar a todos los espectadores que aquella noche vieron su programa. Son tiempos en que se discuten temas tan controvertidos como el derecho a una muerte digna, la sociedad está cambiando. Raúl, sin estar en desacuerdo con que exista la libertad para morir dignamente, recuerda un concepto que hoy sonaría incluso revolucionario. El derecho a vivir dignamente.
A través de su blog, Raúl [ enlace a documental de rtve ] transmite optimismo y positividad. Es un referente para otros enfermos de ELA. Es un impulso para el cambio, una esperanza de futuro. Como otros tantos ciudadanos, manifiesta en su blog su malestar por la aplicación de la "ley de ridiculencia". Después de dos años de espera para declarar su grado de dependencia, relata la ayuda que le ha sido concedida :"super ayuda : 150 € + 20 horas de ayuda a domicilio o bien 55 horas de ayuda a domicilio. Las horas son al mes". Raúl considera que el máximo error ha sido que sean las CCAA las encargadas de gestionar las ayudas : "esta ley no tenía que haber sido llevada por las Comunidades, lo que tenía que haber gestionado la Seguridad Social a nivel estatal".
Tras conocer la noticia de la sentencia, Raúl se muestra escéptico ante lo que pueda ocurrir en el futuro: "ahora con la sentencia que se ha producido el lío va a ser de dimensiones incalculables, todo debido a la pésima gestión de la Comunidad de Madrid y también a su falta de interés por las personas dependientes, siendo ciudadanos de pleno derecho de esta comunidad".
Los medios se han hecho eco de esta polémica. En el diario El País, Carmen Morán explica las consecuencias de la sentencia: "Aquellos que solicitaron una ayuda en pirmavera y sólo obtuvieron silencio, son ahora ciudadanos dependientes con derecho a ayuda. [..]A la Comunidad de Madrid se le plantea ahora un embolado de grandes dimensiones [...] Podría incluso darse el caso de que alguien hubiera solicitado una ayuda sin necesitarla y ahora tendría derecho a ella. Es improbable, pero...".
La reacción de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. El Ejecutivo Regional ha previsto en la "Ley de Medidas Liberalizadoras" un precepto, por el cual se establece por ley, el silencio administrativo desestimatorio. Una ley que nada tiene que ver con la dependencia y que trunca en menos de una semana las ilusiones de miles de familias. La batalla por la ley de dependencia no ha hecho más que comenzar.
El procedimiento judicial fue iniciado por la Plataforma por la Dependencia en Alcorcón, ya que creían ilegal la consideración del silencio administrativo desestimatorio para el reconocimiento de un derecho fundamental.
Las reacciones de diversos sectores políticos y sociales no se han hecho esperar. La delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce ha declarado que: "en este caso tanto los ciudadanos dependientes como sus familiares van a poder ver más agilmente resueltos sus expedientes, y eso va a permitir que se les reconozcan los derechos que la Ley de Dependencia les garantiza".
Desde los sindicatos también se aplaude la decisión del Tribunal. Ana González, secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de CCOO ha felicitado la decisión judicial, “una lección para la Comunidad de Madrid que se ha dedicado a usar esta Ley como una herramienta de confrontación contra el Gobierno de España, y no como un instrumento a favor de los ciudadanos”.
Sin duda, este fallo judicial da un buen tirón de orejas a los órganos gestores de la Comunidad de Madrid. Y es que las interminables listas de espera y los procedimientos engorrosos para conseguir una ayuda en la región, llevan provocando la desesperación de miles de madrileños desde hace varios años. El informe del Ministerio de Sanidad y Política Social sobre la aplicación de la ley de dependencia en las CCAA, ya ponía de manifiesto que la Comunidad de Madrid se sitúa a la cola de resolución de expedientes y concesión de ayudas a personas en situación de dependencia. De las 44.000 solicitudes que llegaron a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad, el día 1 de noviembre de 2009 se habían contestado alrededor de 37.000, pero tan sólo 20.000 están recibiendo prestaciones sociales.
Son miles las personas que esperan que la Administración madrileña les reconozca su estatus de persona dependiente y así vean sus derechos garantizados. Hace aproximadamente un mes, Raúl Miranda, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica advertía en Televisión Española la precaria situación en la que se encontraba él y su familia. Raúl hizo reflexionar a todos los espectadores que aquella noche vieron su programa. Son tiempos en que se discuten temas tan controvertidos como el derecho a una muerte digna, la sociedad está cambiando. Raúl, sin estar en desacuerdo con que exista la libertad para morir dignamente, recuerda un concepto que hoy sonaría incluso revolucionario. El derecho a vivir dignamente.
Tras conocer la noticia de la sentencia, Raúl se muestra escéptico ante lo que pueda ocurrir en el futuro: "ahora con la sentencia que se ha producido el lío va a ser de dimensiones incalculables, todo debido a la pésima gestión de la Comunidad de Madrid y también a su falta de interés por las personas dependientes, siendo ciudadanos de pleno derecho de esta comunidad".
Los medios se han hecho eco de esta polémica. En el diario El País, Carmen Morán explica las consecuencias de la sentencia: "Aquellos que solicitaron una ayuda en pirmavera y sólo obtuvieron silencio, son ahora ciudadanos dependientes con derecho a ayuda. [..]A la Comunidad de Madrid se le plantea ahora un embolado de grandes dimensiones [...] Podría incluso darse el caso de que alguien hubiera solicitado una ayuda sin necesitarla y ahora tendría derecho a ella. Es improbable, pero...".
La reacción de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. El Ejecutivo Regional ha previsto en la "Ley de Medidas Liberalizadoras" un precepto, por el cual se establece por ley, el silencio administrativo desestimatorio. Una ley que nada tiene que ver con la dependencia y que trunca en menos de una semana las ilusiones de miles de familias. La batalla por la ley de dependencia no ha hecho más que comenzar.
